Las fuentes dijeron a Efe que Gabibay fue acribillado cuando intentaba abordar una camioneta blindada después de salir de su casa y que, de acuerdo con declaraciones de los vecinos, los agresores huyeron en un vehículo blanco.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (fiscalía) informó a su vez a través de la red Twitter que en el sitio se encontraron casquillos percutidos de dos diferentes calibres, y que ya se iniciaron las investigaciones del caso.
Por su parte, Gustavo Madero, quien busca la reelección como presidente del PAN, condenó en nombre de los militantes del partido el asesinato del alcalde.
Señaló que Garibay ya había sufrido un atentado contra su vida, en octubre de 2012, y que el secretario general del Ayuntamiento de Tanhuato, José Pedro Córdoba Aguirre, fue asesinado en febrero de 2013.
“Estamos muy indignados porque no se respeta la vida en Michoacán, no se brinda una mínima seguridad, ni se dan garantías a los funcionarios legítimamente electos para cumplir con su trabajo”, dijo Madero en Manzanillo, Colima, de acuerdo con un comunicado de su oficina.
Asimismo, exigió al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, “que se investigue este homicidio y se llegue hasta las últimas consecuencias”, y que “no siga la impunidad que ha fomentado ese Gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional), cuya principal característica es que no resuelve la inseguridad que tanto lamentan todos los michoacanos”.
De acuerdo con medios locales, a raíz del primer atentado en su contra, Garibay contaba con una escolta de policías federales que le proporcionó el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), del PAN.
Sin embargo, la protección federal le fue retirada durante los primeros meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, quien asumió la Presidencia en diciembre de 2012.
Las investigaciones en torno al primer atentado contra Garibay y el asesinato de Córdoba Aguirre nunca esclarecieron los hechos ni derivaron en arrestos.
La violencia vinculada al cartel de los Caballeros Templarios y el avance de los grupos civiles de autodefensa surgidos hace un año para enfrentar a esa organización criminal ante la inoperancia de las autoridades estatales forzaron al Gobierno federal a lanzar en enero pasado una vasta operación de seguridad en Michoacán.
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