Ciudad Juárez— “El Diego” es un ex agente del grupo Antisecuestros de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) de nombre José Antonio Acosta Hernández, señalado como uno de los cabecillas de “La Línea”, acusado, entre otras cosas, de ordenar la masacre en Villas de Salvárcar.
La Procuraduría General de la República (PGR) —quien ofrecía 15 millones de pesos por su captura— dio a conocer en su momento que el homicidio del reportero de El Diario, Armando Rodríguez Carreón, “El Choco” fue planeado por Acosta Hernández.
De acuerdo con el archivo periodístico, “El Diego” es el responsable de varias pintas dirigidas contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, las cuales aparecieron en meses pasados tanto en esta ciudad como en la capital del estado.
También, a este hombre se le responsabiliza por los homicidios de tres personas relacionadas con el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, de acuerdo al FBI.
La ficha de la Procuraduría General de la República (PGR) establece que la zona de operación del ex policía es todo el estado de Chihuahua, donde maniobra para la organización “Carrillo Fuentes-La Línea”.
Los delitos por los que se le persigue es delincuencia organizada y su jefe inmediato es otro ex policía identificado por la PGR como Emilio Ramírez Castillo, alias “El Negro”, con domicilio en la colonia Galeana.
En la página http://www.recompensas.gob.mx/ la ficha de “El Blablazo” cita textualmente que “se le atribuye la masacre de jóvenes registrada el 30 de enero del 2010 en Villas de Salvárcar, en esta ciudad”.
“El Blablazo” o “El Diego” es considerado uno de los cuatro líderes que pertenecen al Cártel de Juárez; los otros tres son Vicente Carrillo Fuentes, Juan Pablo Ledesma, apodado “El JL”, y Juan Carlos Guijarro Fragoza o Fragozo, “El Mónico”.
Y aunque estas personas también están incluidas en la lista de los más buscados, la FGE y la PGR sólo difundieron en la ciudad de Chihuahua la recompensa por “El Diego”.
A éste se le atribuyen también las recientes amenazas contra personal de la Fiscalía en la zona norte, lo que ha provocado que algunos funcionarios sean fuertemente custodiados
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